En el ambiente hay un sentimiento de satisfacción. El presidente Mahuad fue derrocado. Su presencia lesionó intereses del país, infringió de manera reiterada derechos fundamentales, degradó la soberanía nacional, atentó contra la propiedad.
Sin embargo, se prefiguran nubarrones amenazantes. De un lado, en el gabinete se observa la reproducción parcial de la vieja casta política -responsable de decisiones que obedecen los mandatos del aparato especulativo de la banca-. Y, de otro lado, los prejuicios y la simulada moral que dificultan comprender el levantamiento popular y la insurrección militar dentro del proceso de restablecimiento de un orden jurídico que fue roto cuando se expropió el ahorro nacional, se encubrió el quebrantamiento de principios de la soberanía y, en consecuencia, se destruyó un tiempo histórico de la población.
En el aplauso del pueblo, los insurrectos son reconocidos como lo que son. Ellos fueron un factor (pues hubo otros determinantes) en el derrocamiento de un mandatario que había infringido disposiciones constitucionales y que despertaba desconfianza internacional por su fácil sometimiento. Los insurrectos no interrumpieron la vigencia jurídica del mandato, al contrario, fueron una condición para su restablecimiento.
De hecho, a pesar de su estrechez, los días 21 y 22 de enero quedaron grabados en los aportes a la democracia. La confianza en la potencialidad de la alianza de intereses populares con las instituciones mas trascendentes sugiere una posibilidad de encontrar la perspectiva estratégica común dentro de un derecho que debe forjarse hasta cuando sea el referente principal del quehacer cotidiano.
Desde junio del año 90 hasta el día de hoy, el movimiento de los pueblos indios incrementa su importancia. Ha crecido su presencia política, ya no son -como lo fueron durante 500 años- los condenados a la tierra, hoy son actores, desde la tierra, en pos de reivindicaciones que incumben a toda la población.
Todavía serán mirados con la discriminación profunda que existe en el seno de la sociedad y en la ideología de algunos partidos dirigentes del Estado, pero ahora con cierto temor. La noche del 21 aterrorizó a estos dirigentes políticos que amanecieron temerarios el 22. Habían derrotado, otra vez, una inconsciente ilusión popular, sin política de alianzas, programa ni organización y con demasiadas ingenuidades. No obstante, esta experiencia permitió una visión mejor de la realidad.
Los pueblos indios -la fuerza mas importante en la lucha por la transformación de Ecuador en este instante- no podrán ser apartados de ninguna solución. La presencia de dirigentes como los que exhibió la CONAIE es la fuente de algo mas que discursos: ahí hay un instinto colectivo, la sabiduría propia de esa condición de la vida.
Las Fuerzas Armadas no han sido vacunadas en su totalidad contra ese «virus». Y aunque para muchos lo hecho solo fue un ardid, para otros la estratagema solo es camuflaje.
«La ley» se sonroja al instituir a la sucesión como castigadora de la rebelión. Más aún, siguiendo el adagio jurídico, si se estima que nadie defrauda a los que saben y consienten.