La voracidad tumultuosa de pocos y los anhelos de muchos en marchas y contramarchas se arrogan la representación de la nación.
Robert Graves cita a Tácito afirmando que «(…) toda transición de prominente importancia está envuelta en la duda y la oscuridad. Mientras unos tienen por hechos ciertos los rumores más precarios, otros convierten los hechos en falsedades. Unos y otros son exagerados por la posteridad».
La convivencia pacífica entre Estados se revaluó a partir del conflicto que encendió la violación de la jurisdicción venezolana en la captura de Rodrigo Granda por parte del Estado colombiano.
Fue al comienzo de nuestra Era. Se presagió que podría repetirse después de dos mil años.
El 15 de enero, el Presidente rindió su informe sin considerar la situación de la nación ni su política frente a esa situación. Simplemente, trasladó los memorandos de tareas de sus Ministros y acentuó las diferencias con un sector de la oposición.
La nación está avocada a restituir una de sus fuentes mas trascendentes del derecho y la soberanía, la ciudadanía. Hoy, desorganizada, ideológicamente agredida, moralmente desarmada y políticamente confundida.
Desde 1976, a partir del reordenamiento del sistema político, el PSC, ID y DP se constituyeron en principales actores, representantes de la “modernidad financiera” que conduce al Estado.
La constitucionalidad en Ecuador, a partir del golpe de Estado de febrero del 97 –y en algunos sentidos aún antes–, ha funcionado como encubrimiento y coartada de intereses que lo han conducido al desastre.
La especulación financiera disfruta de alta rentabilidad en la agonía del Estado y su jurisdicción.
Hace mas de un año el gobierno aseguraba su costosa estabilidad con el Partido Social Cristiano que constantemente esgrimía el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal o las cortes si no se aceptaban sus pedidos. Un reflejo condicionado garantizaba respuestas favorables. No obstante, bajo la turbulenta superficie existía una amplia y verdadera identidad.