La guerra civil de Colombia —en esta fase inicial de regionalización— exhibe cierta mutación. Estados Unidos adquirió y dirige ideológica, política y financieramente un aspecto del conflicto ante la debilidad militar, social y administrativa del Estado colombiano.
La prensa informa que la coalición en Iraq tambalea por el giro de España, que abre fisuras en las fuerzas ocupantes, fisuras que muestran el lado oscuro de la “civilización occidental”.
Reflejo de nociones dominantes es la legislación penal. Especialmente vinculada a la pasión por el lucro, esta vez, se encuentra en la pendiente del Estado y la organización social.
En 1999, la estructura esencial del poder especulativo reveló y cuestionó sus relaciones en el Estado y con el conjunto de la nación.
Factor intermitente de la historia es la violencia. La del poder llamada del «bien», y la de sus opuestos, del «mal».
Madrid volvió a ser espacio de terror, de dudas y sospechas espeluznantes.
El 5 de marzo de 2004, diario El Comercio dirigió una positiva y alertante Carta al País. El texto tiene viso de manifiesto de la nación.
La necesidad de una reforma del Estado ecuatoriano brota de su caducidad y del entorno que lo determina. Entorno integrado por el poder que administró décadas y la conclusión de una fase en la historia.
Un pavoroso temor persigue a un sector de la colectividad. Actos de terror de procedencia predictible constituyen el motivo visible que predispone incrementar la represión a delitos, terrorismo y a todo lo que se le parezca. Un premeditado temor tiene que ganar sin importar la justicia ni el derecho. Bastan sus armas.
El Estado ecuatoriano cae por la pendiente de la sumisión. Ha logrado reducir el riesgo país a niveles de orgullo presidencial. La deuda externa crece y se “paga” en los términos estipulados por la Carta de Intención, «la ley», las delictivas renegociaciones y la estrechez de la propia representación.