Tiene antecedentes en mutaciones de una relación de propiedad a otra. La más descomunal -por los ojos que la observaron- constituyó el tránsito del régimen feudal a la formación del capitalismo.
También apareció en el silencioso desmoronamiento de la Unión Soviética, en el tránsito del régimen de propiedad «del socialismo real al capitalismo utópico», según un grafiti de la época.
El colonialismo y los procesos de descolonización conformaron el hábitat de otra violencia que se denominó Tercer Mundo. Para el siglo XXI, tras el quebrantamiento de diversas formas políticas, han surgido movimientos mafiosos sustitutos de partidos políticos en Asia, África y América Latina. Ciertas ongs y fundaciones se han encargado de hacer el bien de manera subrepticia en la descomposición estatal de países subyugados por depredadores.
Varios países desarrollados exhiben dependencia de procesos violentos en sus sistemas políticos. Al Capone permanecerá como caso político-literario, ejemplar, de recordatorio, pero superado.
La mafia global incorporó el control judicial, del cual pende para garantizar y suprimir cuestionamientos. Eso supuso controles policiales, legislativos, ejecutivos en grados diversos. Nuevos procedimientos de subordinación de Estados, regiones y mercados.
En América Latina, las mafias no cabalgan la espectacularidad que la especialidad les asignó en países desarrollados: faraónicas, criminales, antidelincuenciales, profundamente beatas e incuestionablemente inocentes.
En América Latina cierta recuperación del derecho para algunos Estados erigen referentes democráticos con leve vigencia partidaria, cargada de incertidumbres a causa de la permanencia de disposiciones violentas en la red política que ha perdurado mucho tiempo.
El Estado ecuatoriano, a poco de formado el sistema político del año 78, renunció a programas partidarios, a la elaboración de políticas económicas propias e incluso a formular anhelos que suelen llamarse planes.
En lugar de los programas partidarios se ubicó la Legislación Penal; la Carta de Intención devino en política económica, y la contratación de obras sustituyó a los «planes»; iniciativa oculta de un puñado de empresas que incorporaron en su rol mandatarios, ministros y funcionarios. Todo dentro de la ley y la correspondiente anticorrupción.
Sobre esta base, el sistema se ha degradado aún más y exhibe una pandemia de disputas y acusaciones individuales. Apariencia que suprime toda visión del poder, de su responsabilidad y su tiempo. De esta manera, también la naturaleza del Estado se ha ensombrecido.
El liderazgo de la enajenada política no asume su realidad, sus orígenes ni su descomposición. Se refugia en una representación ya no política sino geográfica; tampoco social, sino administrativa.
Ese fenómeno está presente en numerosos organismos de administración local y proviene de la desastrosa gestión en las funciones estatales durante décadas.
Ecuador es país con gobierno, parlamento, función judicial, electoral pero sin Estado. Incluso la prensa vinculada al poder suele desconocerlo. El Estado administra sombras, perdió soberanía y se convirtió en carpa circense de «disputas interfuncionales».
Éxito mafioso fue y es el Estado ausente. Un pragmatismo «apolítico» lo modificó y lo convirtió en trama de violencia financiera, mediática y cultural que viabilizan su degradación.
Además, ningún mandato está sobre la voluntad de esas «familias», cuyos patrimonios son parcelas –restos- de un Estado que se pretenderá sustituir en la Asamblea Nacional Constituyente.
Entonces, si así sucede, la recuperación habrá dado el primer paso.