La nación conoció en 1976 el inicio de la destrucción de amplios sectores productivos. La economía y la política que hasta entonces tenían nexos verbales con la agricultura, artesanía, manufactura, industria, tierra, tecnología, soberanía transmutaron sus palabras para depredar el Estado y sus recursos desde la esfera de la circulación.
En los años 20, el imperativo empresarial exigía al Estado asumir los riesgos del trabajo, crear fondos de corresponsabilidad, garantizar que las pérdidas no afectasen las ganancias, indemnizar por mutilaciones. La falange de un asalariado, 50 centavos; un dedo, un sucre; la mano, dos sucres; un brazo, tres; las piernas, cuatro; la vida, cinco sucres.…
La guerra civil debe ser enfrentada como tal en el planteamiento de sus soluciones políticas o militares.
Las armas marcaron la Conquista y la Colonia. Durante tres siglos la hazaña de metrópolis europeas fue devastadora. Redujeron la población a la décima parte. Esclavizaron a los pueblos y en amplias zonas quedaron solo huellas de su existencia.
En el pasado, la mayor parte de ellas fueron camuflajes o lo que podía admitir la circunstancia. En pocas ocasiones, las Constituyentes representaron lo necesario y viable.
El referéndum sobre la Constitución europea concluyó en mayoría por el No. Decisión que vetó, entre otras, el carácter absolutista de una concepción neoliberal en la creación del sujeto europeo que pretendió tener palabra en la política mundial. El No pospone y reconstituirá esa palabra.
Una parte del Sur de la humanidad se predispone a reconocer, influir y predecir algún matiz en el destino humano.
Se ha iniciado el fin de lo que se creara en el período 1976-1979, cuando se instituyó el poder financiero en la conducción del Estado y se formaran la ID, la DP y el PSC reorganizado, bajo los servicios del Triunvirato Militar.
Paulatinamente, el país va dejando atrás tensiones del derrocamiento del régimen de Lucio Gutiérrez. A la par, rememora obsesivas consignas movilizadoras y se sumerge en mutaciones paralizantes.
Durante los últimos cuatro meses, en Guayaquil, Quito y Cuenca, con objetivos y liderazgos distintos, se advertía ansiedad por la pérdida de la Corte 1997-2004. En sendas asambleas definieron ultimátums de jure a las “funciones de facto”, por la Constitución y el regreso al “estado de derecho”.