A comienzos del siglo XX, en Ecuador nació un clamor desde el sector empresarial afectado por las mermas que los accidentes de trabajo y otras circunstancias laborales provocaban en sus ganancias. Su exigencia creció hasta convertirse en la seguridad social –Caja del Seguro de entonces– que debía ser estimulada y tangencialmente administrada por el Estado.
Fue un gran descubrimiento. Ni siquiera el petróleo pudo superar semejante catarata de recursos usados por todos los gobiernos posteriores a la Revolución Juliana. Jamás pagaron lo debido a esa institución y llegaron al abuso de sus recursos en la oferta clientelar de empleos.
Esto con la sazón mágica de los tiempos, desaparición, transformación y aparición de recursos por fuerzas de poder de entonces y de hoy.
En rigor, el problema es la inexistencia de seguridad social. Lo que se denomina en la actualidad seguro social es sólo laboral. Así fue en la comprensión de trabajadores y empleadores que lo formaron y así sigue siendo.
Entre las diversas prestaciones que ofrecen los fondos previsionales, las pensiones de jubilación sufren problemas crecientes. De un lado, el mayor envejecimiento de la población, y de otro, el permanente deterioro de la masa monetaria de pensiones como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de la divisa, la oscilante pero continua inflación y se podría añadir la distribución regresiva del ingreso.
Ante este problema, los países europeos han integrado diversos seguros nacionales con variados regímenes de propiedad para elevar la función de seguridad de las aportaciones que componen sus recursos más importantes.
Sin embargo, esta tendencia no ha sido suficiente. El aumento de la expectativa de vida y la contracción relativa de la población económicamente productiva advierten la reducción de fuentes de financiamiento de pensiones jubilares y en general de fondos previsionales.
Los Estados europeos tratan esta relación poblacional circunstancialmente inversa con políticas que favorecen la migración selectiva, en función de edad, calificación y demanda laboral de inmigrantes. Incorporan en el tránsito hacia la unidad europea la unificación de las bases de aportación, la creación de sistemas únicos dentro de la UE. Protegen al sistema del desmembramiento. Su carácter unitario no excluye lo competitivo en sí mismo y a la par no sujeto a fraccionamiento.
En Ecuador, la propuesta de seguros sociales municipales, inicialmente planteada por el Alcalde de Guayaquil y seguida por el de Quito, no enfrenta el problema de la mutilación de la base de aportantes al IESS, que conduciría a su destrucción. El sistema y la técnica de esta seguridad laboral se verían agravados.
Los daños del manejo evolutivo del IESS más el que se incorporaría como “éxito empresarial” en los municipios de Quito y Guayaquil, en circunstancias decadentes del Estado ecuatoriano, bajo la presencia de un poder especulativo que se esfuerza por ausentar al Estado de la vida económica y social del país, el rumbo de desmembramiento estatal y destrucción de la nación ecuatoriana, no favorecen en el futuro inmediato este ensayo que sería una aventura, en perspectiva más grave que la del 1% impuesto a las transacciones financieras en 1999.
La ventaja de estos seguros municipales radica en que el efecto lesivo para las generaciones viejas y las masivas demandas de prestaciones comenzaría a sentirse en un período no menor de diez años. El traspaso de afiliados que “en uso de su libertad” opten por la seguridad municipal afectaría de inmediato a los jubilados o por jubilarse en el IESS, mutilación que tiene como antecedente el no pago del Estado y la depredación de los gobiernos al IESS.
La imaginación eficiente es todopoderosa en el mundo especulativo. Financiamientos cómodos se obtienen de dineros que para el poder son fáciles. Sus consecuencias trágicas no tienen memoria. En el caso del 1%, la amnesia pudo inocularse; en la seguridad municipal prometida, la culpa será de otros.
Los fondos previsionales exigen conciencia de que están sometidos al devenir aleatorio, previsible en el cálculo de sus potencialidades, resultante de posibilidades técnicas que en la actualidad incorporan al cálculo actuarial anterior inéditas tendencias poblacionales. También, la decadencia del Estado ecuatoriano, la presencia de una conducción especulativa de la banca y la comunidad financiera internacional y cierta superficialidad en el tratamiento, más en pos del caudillo que de la técnica, por parte de algunos medios de comunicación.
Al colmo de la circunstancia, se presenta el éxodo del 20 al 30% de la población económicamente activa. La inmigración colombiana y peruana que la sustituye no se articula al sistema de seguridad laboral.
Se añaden los riesgos del involucramiento de Ecuador en el Plan Colombia; el uso de fondos previsionales para pago de la deuda externa que aconseja el FMI, lo que bien podría ya estar en marcha sin que el país lo conozca, dada la alta calificación-fmi del Ministro Pozo, el potencial gasto en armamentos que Ecuador podría asumir y las operaciones de limpieza de dinero que repletarían de papeles las cajas fuertes del Banco Central.
Todo ello tiende a contraer relativamente la base de aportantes. Las pensiones jubilares serán partidas en dos, los jubilados también.
El éxito del seguro municipal será mayor que el del 1%. Esta vez, su consecuencia no contribuirá al fin de la moneda nacional sino a otro previsible fin.