El informe del Presidente al Congreso Nacional estuvo enmarcado en la denuncia del período de Jamil Mahuad. Denuncia que sirvió para encubrir la continuación de esa política, la representación de los mismos intereses que usaron al derrocado Presidente y lo convirtieron en desechable. Ese es el único significado real y trascendente que cualifica la gestión de Gustavo Noboa.
Fuera de ello, el break presidencial fue un listado entreverado de titulares de prensa. Cada Ministro ofreció sus virtudes y Noboa las repitió como informe.
El Presidente no logra entender que la mayor tragedia es la pérdida de soberanía del país, consecuencia de la dependencia del sector político respecto de la banca especulativa, cuyos problemas siguen apasionando a los mandatarios del Estado ecuatoriano.
La banca ha definido y dirigido a la élite política, porque se ha apropiado del Estado. Clamar por la defensa de un banco, salir en garantía de una gestión financiera, desmentir un rumor, verdadero o falso, ahora son tareas incluso del Presidente de la República.
Este hecho deberá, alguna vez, ser enfrentando por una reforma política que desprivatice al Estado.
Un ítem del “programa” para la administración de pobres (el 80% de la población, según los optimistas), reducido a la entrega de una cocineta “barata” de kérex barato, para evitar que tanto indigente cocine con carbón y leña, encubre a los destructores del medio ambiente y a grandes madereros, usufructuarios de manglares y contaminadores de recursos.
La terrible inconciencia del contenido del Plan Colombia ha involucrado al país en su guerra civil. Estados Unidos sabe que está interviniendo en una guerra; nosotros, suponemos, en “el tema de la droga”. Y, sin que nadie lo vea, nos convirtieron en objetivo y trinchera militar.
Cabría decir que ese discurso no merece gobernar y, no solo por su origen, en muchos sentidos espurio, hecho que también se intentó ocultar con aquella “generosa” petición de amnistía, destinada a los beneficiarios del golpe del 22 de enero de 2000, mas que a los insurrectos del 21.
En estos años para la élite política está claro que los golpes de Estado los dan unos (“los de abajo”) y triunfan otros (los mismos).
La fatal “programación económica” se plasma en dos grandes negocios que no son precisamente dos actos de inversión. El contrato de San Francisco, con garantía estatal para el sector privado y la autorización para la construcción del oleoducto de crudos pesados, preasignada desde el gobierno anterior a la hoy denominada Corporación OCP Ltda., cuya “inversión” o costo va curiosamente de 500 a 1.100 millones de dólares, según los anuncios de prensa, y puede crecer aún mas, pues costos e inversión son idénticos para empresas y ministros interesados. Todo eso lo pagará Ecuador con sus recursos. Así el simulado costo puede corresponder a una simulada inversión, y crecer y crecer, según lo requieran la administración y las empresas.
Ecuador ha perdido la perspectiva de la paz. El Presidente no tiene ni tuvo una sola palabra sobre política militar. No actúa como jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Se diría que es el rostro de otra jefatura.
Ante esto, el gobierno no tiene iniciativas.
El énfasis en que al “Ecuador nadie lo para” o en que “va por que va”, cuando no se sabe a dónde, nada significa. El énfasis no argumenta. También a la agonía nadie la para, ni a la pauperización de las masas, ni a la pérdida de soberanía, ni a la muerte.
El discurso presidencial careció de visión nacional e internacional. La estrechez, superficialidad y miopía fueron tejiendo el velo deshilachado de la degradación de la élite política y de la estructura del aparato estatal.