El banco del afiliado

Los bancos nacieron de un alma sin pena sentada sobre el dinero de los otros para protegerlo de los asaltantes por un poquito de dinero que tomó el nombre de interés, y otros nombres más, para la gracia del banquero y la gratitud del depositante.

Un banco no es una junta de beneficencia, aunque la inversa sea posible, menos aún una iglesia, a pesar de las pinturas religiosas y cruces que suelen adornarlo para disuasión de delincuentes.

Hace algunos siglos, al socialismo utópico se le ocurrió formar una bolsa sin dinero con otro recurso.  Entonces lo imaginaron ligado a las aportaciones de horas de trabajo que cada uno otorgaba a la sociedad.  La utopía era invisible.  No se sabía que el valor no es directamente el tiempo de trabajo de manera genérica, sino solo aquel que siendo socialmente necesario se plasma en producto útil.  Tal banco no prosperó.  Se redujo a una iglesia sin Dios.

El surgimiento del papel moneda (y con él de los billetes de banco) aceleró vertiginosamente la proliferación de los servicios de cuentas.  Sucedía el tránsito de algunas funciones del dinero oro al dinero papel, tan estremecedor como este paso que vivimos del papel moneda al dinero plástico.

Hoy surge la posibilidad de convertir las aportaciones en capital.  La seguridad social se había estatificado en sus orígenes.  A los patronos, a los empleadores, a los dueños de los instrumentos, les resultaba imprescindible no asumir los costos de riesgos elevados del trabajo, lo cual a veces significaba exigencias «desmedidas» de parte de las asociaciones laborales ante enfermedades profesionales que se volvieron comunes en el planeta y que lo son en cada nivel de la tecnología.

La patronal advirtió que el Estado debía asumir, con las aportaciones de todos, el pago de los seguros por los accidentes consumados. La privatización de la seguridad social no era causa de nadie.  Los trabajadores se quejaban de la irresponsabilidad de sus patrones y los patronos de la del Estado que no se encargaba de sepultar los muertos que sus industrias producían.

Con la masificación de la afiliación y la reducción de los riesgos, una fuente descomunal de recursos monetarios fue usada y abusada.  La deuda con el afiliado se volvió impagable, se sumó a esto el clientelismo político que fue corrompiendo la administración de la institución, al extremo de abandonarla por obesa, obsoleta, ineficiente y descalificada.

En esas condiciones surgió el grito técnico (no precisamente patronal) de privatizar la seguridad social. Estaban en mientes demandas que podían generar ‘irrevocables ofertas’ para el negocio privado.

La creación de un banco nunca fue, ni es, un problema gremial, sino una resolución esencialmente política. Si bien un partido, Liberación Nacional, proclamó por primera vez en el Ecuador esta necesidad, la decisión del Consejo Superior del IESS no cuenta con la aprobación del escenario político y enfrenta intereses de los partidos del Poder: «¿para qué…?  si hay otros que manejan todo mejor».

Un banco es un instrumento político, jamás una solitaria herramienta de aspiraciones reivindicativas. El gobierno no podrá apoyar la inversión de reservas especiales, sin antes imponerle los límites que requiere la conservación de un sistema monetario-crediticio y financiero cuya transformación no admite la prisa de los afiliados y se protege en la infinita tolerancia de sus propios partidos.

El banco del afiliado estaría destinado a reprivatizar lo privado, (recuperar lo depositado en la banca privada), a no privatizar la solidaridad colectiva, a reorganizar el IESS, a modificar los vínculos con el Estado y a evitar que el Seguro Social estalle en inútiles partículas.  Objetivo importante de la creación del banco es la «reeducación de la administración», para que no proclame un remate que no encuentra justificación sino en el enloquecimiento que el espejismo del dinero crea.

Los grandes empresarios supieron siempre que una seguridad social, pública y privada armoniza una emulación de calidad y costos.

La organización del banco no se reduce a estudios técnicos, legales, financieros y económicos, que de antemano concluirán: «viable, posible, necesaria».  La solución está en el pronunciamiento político de quienes poseen el control de los bancos o de los bancos que tienen el control de quienes deciden.